Varios colectivos presentan ante el Defensor del Pueblo un escrito en el que acusan a la Comunidad de gestión «irregular» de esta ayuda
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
CCOO Madrid ha mostrado su preocupación por el «deterioro» que, a su juicio, presenta la gestión por parte del Gobierno regional de la concesión de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a tenor del aumento del número de denegaciones y suspensiones de esta ayuda durante 2017.
Además, diversas entidades han registrado este jueves un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que denuncian una actuación «irregular» por parte de la Consejería en la tramitación de esta ayuda, en especial en lo relativo a los procesos en suspensión.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia aseguran que el incremento del número de suspensiones de esta ayuda se debe fundamentalmente a la incorporación al mercado laboral de 3.465 personas, que son un 66,19 por ciento más que los perceptores de renta mínima de inserción que en 2016 consiguieron un empleo.
En un comunicado, el sindicato culpa al Gobierno regional de la «preocupante situación que atraviesa este importante derecho (en referencia a la RMI) en la región, mostrando graves indicios de desgaste y agotamiento».
Al respecto, alude al análisis del Balance de Gestión de esta prestación correspondiente a 2017 presentado en la Comisión de Seguimiento, integrada por la Administración autonómica, patronal y sindicatos.
En opinión del sindicato, la Ley de Renta Mínima de Inserción supuso un «avance importantísimo en la articulación de mecanismos garantistas de protección social» en el ámbito autonómico pero que el desarrollo de una estrategia de «contención» por parte de los Gobiernos regional del PP en la concesión han llevado a un escenario de «clara asfixia, provocando resultados muy limitados, incapaces de poner freno al crecimiento progresivo de la pobreza en la Región que hoy afecta a uno de cada cinco madrileños».
Los datos del último Balance de Gestión 2017 señalan que la demanda de esta prestación económica «desciende cuando la pobreza aumenta», las extinciones se incrementan un 37 por ciento, las suspensiones, la mayoría de carácter cautelar y que principalmente finalizan en extinción, crecen un 32 por ciento.
Sin embargo, CCOO asegura que las familias beneficiarias, 35.483, tan solo aumentan un 3 por ciento cuando se estima que «más de 80.000 familias madrileñas no cuentan con ningún tipo de protección en la región».
Para CCOO de Madrid un dato que evidencia el «desgaste al que se está sometiendo a este derecho y que exige un revisión de carácter estructural que rescate esta prestación regulada por ley, es el hecho de que cada vez es mayor el volumen de solicitudes que no llegan a término, es decir, que tiene como resultado su denegación o archivo, alcanzando en 2017 al 66 por ciento de las solicitudes».
En opinión de la secretaria de Política Social y Diversidad de CCOO de Madrid, Ana González, «la filosofía y el modelo de Renta Mínima de Inserción siguen siendo válidos y avanzados pero necesita de un reajuste a las nuevas necesidades y tiempos sociales y económicos».
«La RMI se debe liberar de ataduras normativas, como el Reglamento de desarrollo de la Ley aprobado en 2014, que solo ha generado más burocracia, fiscalización y ha puesto en cuestión el propio ejercicio del derecho», ha remarcado.
Por su parte, fuentes de la Consejería han explicado a Europa Press que el Gobierno regional tiene un «compromiso claro» a la hora de atender a las personas «más vulnerables» y por ello desde 2015 se ha incrementado el presupuesto destinado a la RMI, pasando de los 93 millones en 2015 hasta los 168,9 millones este año. Ello ha permitido atender a más de 35.000 familias frente a las 24.101 de 2015.
Además, detallan que desde la Comunidad de Madrid se financian proyectos de inserción laboral para personas perceptoras de RMI, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas que se encuentran en desventaja social. Por ello se desarrollan proyectos de integración laboral para perceptores de la RMI, a través de los cuales el año pasado se logró un 30 por ciento más de inserciones laborales que el año anterior.
Además, explican que el incremento en el número de suspensiones de renta mínima de inserción en 2017 se debe «principalmente» a la incorporación al mercado de trabajo de 3.465 personas, que son un 66,19 por ciento más que los perceptores de renta mínima de inserción que en 2016 consiguieron un empleo.
La Consejería expone que el segundo motivo por el que se suspende la prestación, que supone el 13,35 por ciento del total, se debe a que el solicitante «cuenta con recursos económicos o tiene derecho a obtener otras prestaciones económicos que no ha solicitado».
En cualquier caso, explican que la suspensión es consecuencia de lo previsto en el Reglamento de Renta Mínima Inserción, en cuanto a verificar si los titulares siguen reuniendo las requisitos que acreditaron cuando presentaron su solicitud inicial.
«Las revisiones no son aleatorias ni arbitrarias, sino que se ajustan a lo requerido en la norma vigente», han argumentado desde el Gobierno regional para indicar que el número de concensiones de la RMI ha descendido en 2017 porque también han caído las solicitudes en un 10,56 por ciento en relación a 2016.
En cuanto a las denegaciones, el 67,7 por ciento de ellas se producen «por no acreditar carencia de recursos económicos o no acreditar haber solicitado otras prestaciones económicos a las que se tiene derecho».