Unidos Podemos ha llamado a llevar a cabo una «gran movilización cívica» este sábado a partir de las 18 horas frente a la sede del Tribunal Supremo en protesta por su decisión de que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados –impuesto sobre hipotecas-.
Así lo han confirmado varios dirigentes de la coalición en sus redes sociales, como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, o el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movilizaciones Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, este último en una rueda de prensa celebrada en el Congreso.
La formación liderada por Pablo Iglesias ha denunciado que la «independencia» del TS ha quedado en «entredicho» tras acordar la Sala de lo Contencioso-Administrativo corregir a la sección que innovó la doctrina y volver a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
CONVERTIR «LA VERGÜENZA Y LA RABIA» EN MOVILIZACIÓN
«Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada», ha escrito el secretario general de Podemos en su cuenta personal de Twitter. Así, ha llamado a convertir «la vergüenza y la rabia» ante esta decisión en «una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría».
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, que ha defendido salir a la calle a defender «que se haga justicia». «En el Tribunal Supremo, 15 a 13, gana la banca. La verdad es que todo el mundo se lo imaginaba. Queda comprometida la seguridad jurídica, y saldremos a la calle a defender que se haga justicia», ha señalado en Twitter.
Para el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, la decisión del TS demuestra que «los ricos» han comprado el alto tribunal. «No les importa destruir el prestigio de nuestro sistema de justicia con tal de que la banca se siga forrando a costa de la gente. Ya sabíamos que los ricos se compraban gobiernos. Hoy se han comprado el Supremo. Hay que llenar las calles de la dignidad que ellos no tienen», ha defendido.
IU HABLA DE «CHANTAJE» A LA JUSTICIA
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también ha lamentado esta decisión judicial y ha enfatizado que se trata de un fallo «indignante», «lamentable» y «un despropósito impropio de una democracia».
«¡Qué bien le sale a la banca chantajear al poder judicial! ¡Qué bien relacionados algunos jueces del Supremo, que hacen de todo menos justicia!», ha escrito Garzón, quien ha señalado que «los bancos privados son unos ladrones, el principal enemigo de las democracias y los responsables de saquear nuestras economías».
«Hoy, la mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado», ha denunciado el líder de IU, quien se ha preguntado que se podría esperar «de una institución, el Tribunal Supremo, que está presidida por un ex alto cargo del gobierno de Aznar». «¿Qué esperar de una «Justicia» que es dura con el pobre y mansa y vendida con el rico?», ha indicado en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.
«ESTO NO ES UN ESTADO FINANCIERO»
Por su parte, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, el diputado de Podemos Rafa Mayoral ha lamentado que este episodio «supone uno de los más graves desprestigios para la democracia y la judicatura». «El mensaje es demoledor para las grande mayorías sociales de nuestro país», ha resumido.
En este sentido, ha señalado que, hasta ahora, la banca «ha articulado los abusos más flagrantes que se han registrado en Europa en cuanto a abusos financieros, con la más absoluta impunidad», y ha recordado que esta «no es la primera resolución incongruente del Supremo» en materia hipotecaria, en referencia a la «vergonzosa» de las cláusulas suelo.
«Esto no es un Estado financiero, tiene que ser un Estado social, democrático y de derecho. Y lo que hemos visto es un Estado que defiende a las entidades financieras frente a la población, ha insistido el diputado de la formación morada, que cree que «es el momento del ejercicio de los derechos civiles, de la movilización».
«Ponemos nuestra organización política al servicio del movimiento popular para garantizar el éxito de las convocatorias de respuesta frente a lo que entendemos que es un abuso incomprensible», ha aseverado Mayoral, quien cree que «es necesario dar una respuesta inmediata» a la sentencia del Supremo.
