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Un total de 6.615 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 6.998 denuncias presentadas en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid durante el tercer trimestre de 2018, según los datos dados a conocer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Las denuncias presentadas suponen un incremento del 4,2 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 6.705.

A su vez, ha aumentado también en un 3,52 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género en la región, ya que en el tercer trimestre de 2017 fue de 6.390.

En el segundo trimestre de 2018, de las víctimas, 3.763 mujeres eran españolas (un 56,88 por ciento) y 2.852, extranjeras (un 43,11 por ciento).

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 17,1, las comunidades de Baleares, con una ratio de 30,35, Murcia, con una tasa del 22,94, la Comunidad Valenciana, con 21,89, y Cantabria, con 20,43, mientras que la ratio más baja se dio en Extremadura, con un 9,78 seguida de Castilla y León, con 10,48, y Galicia, con 10,72. Madrid se sitúa en el 19,29.

AUMENTAN LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LAS VÍCTIMAS

Más de un 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un incremento de casi tres puntos sobre el porcentaje observado en el tercer trimestre del año anterior.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 18,3 por ciento de los casos -dato inferior al año anterior- constatándose un importante descenso en las denuncias presentadas por familiares, que apenas llega al 0,9 por ciento del total (frente al 1,8 por ciento en el tercer trimestre de 2017).

Algo más de un 4,3 por ciento de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 4,9 por ciento a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

VÍCTIMAS QUE NO DECLARAN

En 969 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 14,6 por ciento del número de mujeres víctimas, cifra sensiblemente superior al mismo trimestre del año anterior, que fue de un 9,6 por ciento.

En 527 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 442 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (15,5) que en las mujeres españolas (8,27).

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

MENOS SOLICITUDES DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Un total de 1.523 órdenes de protección (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer de la comunidad de Madrid, lo que supone un descenso del 1,42 por ciento respecto al tercer trimestre de 2017, en que se solicitaron 1.545 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 53 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (802 adoptadas frente a 1.523 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un dato similar al del tercer trimestre del año anterior.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 53,51 por ciento correspondieron a mujeres españolas y un 46,48 por ciento, a extranjeras. 18 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, un 1,1 por ciento del total.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (148), se acordaron 107, un 72,3 por ciento. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, dos de cada tres que solicitaron orden de protección eran españolas.

AUMENTO DE LAS MEDIDAS JUDICIALES

Los órganos judiciales madrileños adoptaron igualmente en el tercer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 644 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así notablemente la cifra de 605 medidas adoptadas el año anterior.

De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (228) y de prestación de alimentos (200). En 47 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 17 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 1.702 (frente a 1.746 del mismo trimestre del año anterior), de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 768 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 697 casos. Se adoptaron asimismo 26 medidas privativas de libertad.

INCREMENTO DE LAS CONDENAS

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha valorado de manera «muy positiva» algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género, entre las que sobresale el importante incremento de las condenas a maltratadores, que alcanzan la cifra de más de un 72 por ciento del total de las sentencias dictadas.

Asimismo, valora positivamente el incremento de las medidas civiles y de las medidas penales tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, así como el mantenimiento del porcentaje de órdenes de protección concedidas, casi un 68 por ciento en los juzgados de violencia sobre la mujer y superior al 75 por ciento en los juzgados de guardia.

Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona.

Al constatar, por otra parte, el aumento de las denuncias, Carmona pone el acento, por un lado, en la importancia de la visibilidad de la violencia machista y en el valor de la denuncia como pieza esencial para la puesta en marcha del sistema de protección de la víctima y de persecución del maltratador. También valora que se haya producido un, siempre importante, descenso del número de víctimas de violencia de género.

Como aspecto menos positivo, Ángeles Carmona ha resaltado la importancia de una mayor implicación del entorno de las víctimas a la vista del escaso número de denuncias presentadas por familiares de las mismas.

La presidenta del Observatorio quiere finalmente expresar su convencimiento de que el trabajo y la unión de todos los estamentos implicados acabarán por vencer en la lucha contra la violencia de género.


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