La Comunidad de Madrid renovará el asfaltado y pavimentación de hasta 250 kilómetros de calles del casco histórico y de las urbanizaciones de Boadilla del Monte, con cargo al Plan de Inversiones Regional (PIR), gracias a una inversión de cinco millones de euros.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se ha reunido con el alcalde de Boadilla del Monte, Jesús Úbeda. Una reunión en la que le ha detallado que se encuentra en tramitación administrativa la contratación de estas obras, que supondrán la renovación casi total del asfaltado y acerado de la ciudad. Estos trabajos significarán también un importante paso adelante en las mejoras de la accesibilidad del municipio, con pasos de peatones rebajados, rampas y señalización específica.
Boadilla del Monte ha decidido dedicar del presupuesto que le corresponde a su municipio a realizar estos trabajos, renunciando a la posibilidad de destinar una parte a los gastos corrientes, con lo que van a ver mejoradas sustancialmente las calles, aceras y viales de toda la localidad.
El Plan de Inversiones Regional (PIR) cuenta con un presupuesto de 700 millones para el periodo 2016-19. Este ha sido prorrogado durante un año más, hasta 2020. En este ejercicio se ha permitido que un 25% del presupuesto se pueda destinar a gasto corriente. De esta manera, aquellos ayuntamientos que así lo soliciten, podrán destinar parte de su presupuesto consignado a inversión en gasto corriente, toda vez que este no haya sido aún ejecutado.
Por otra parte, en Boadilla del Monte disponen de suelo para la construcción de 951 viviendas del Plan Vive, que permitirá poner en el mercado 15.000 viviendas en alquiler a precios asequibles, a lo largo de los próximos 4 años, mediante la colaboración público-privada, al tiempo que generará seguridad jurídica en el ámbito de la promoción.
Los requisitos para acceder a estas viviendas del Plan Vive Madrid serán que la unidad familiar no tenga unos ingresos superiores a 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) ni inferiores a 1,5 veces el IPREM, y no ser titular de viviendas en todo el territorio nacional. Las viviendas se adjudicarán preferentemente a personas empadronadas en esos municipios y se destinarán a domicilio habitual y permanente de los adjudicatarios.
