Foto: © EFE
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La empresa de movilidad Cabify defiende que su servicio Cabify Envíos se ajusta al marco normativo de la Comunidad de Madrid. La Dirección General de Transportes le conminó a cesar su servicio de paquetería al no contar con la autorización para ello, una falta «muy grave», con multas de hasta 6.000 euros.

Cabify Envíos, que comenzó el miércoles 7 de abril, se puso en marcha para responder a las necesidades de usuarios en el contexto de confinamiento por la crisis del coronavirus y las consiguientes limitaciones de movilidad en las ciudades, «habilitando una solución» para que dichos clientes puedan hacer los envíos que requieran para atender sus necesidades.

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Los envíos se realizan en el maletero de varios de los coches que venían siendo empleados por las empresas VTC registradas en su aplicación para la realización del transporte de pasajeros.

Dichos vehículos pueden ser utilizados para el servicio de envíos de paquetería «conforme a lo dispuesto por el marco normativo aplicable», según Cabify, que confía en resolver con la administración regional «aquellas dudas que hayan podido surgir» sobre este servicio y sobre cualquier otro aspecto relacionado con la propuesta de la empresa.

«Desde Cabify continuaremos trabajando para aportar soluciones a usuarios yempresas que contribuyan a hacer frente a la actual contingencia. Ante todo, lacompañía quiere fomentar que se sigan las recomendaciones sanitarias oficialespara prevenir la propagación y trabaja para ser una alternativa de movilidad que,desde la colaboración responsable, pueda ser utilizada si los usuarios necesitandesplazarse», aseguran.

«La empresa no reúne los requisitos establecidos»

La Consejería de Transportes, en el requerimiento fechado el 8 de abril, subraya que la empresa Maxy Mobility Spain «no reúne los requisitos establecidos establecidos para la intermediación en el transporte de mercancías por carretera».

Con este nuevo servicio la empresa de VTC Cabify ofertaba enviar o retirar todo tipo de bienes a un punto de entrega, pero para llevar a cabo esta actividad la compañía necesita autorización de operador de transporte, de la que carece en la Comunidad de Madrid.

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