El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha asegurado que el Gobierno regional quiere evitar llegar al confinamiento total en la Comunidad de Madrid: «En estos momentos, tenemos que ser muy responsables, dar la información tal cual se produce y no alarmar».
En las últimas veinticuatro horas, ha habido 332 nuevos contagios, a los que hay que sumar 1.326 positivos con pruebas PCR de días anteriores, 1.378 personas hospitalizadas y 168 ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
El consejero de Justicia ha destacado que «estamos lejos de aquellos días duros en los que teníamos 15.000 ingresados en los hospitales y más de 1.500 personas en UCI».
«Queremos evitar que eso llegue, de ahí la importancia que tiene que los ciudadanos sean conscientes de que su actuación y su contención es el arma básica para luchar contra el coronavirus», ha subrayado.
López ha instado a la ciudadanía a «restringir» en la medida de lo posible los contactos sociales duraderos, que han producido muchos contagios este verano.
También se ha referido el consejero a la decisión de un juez de rechazar la ratificación de la orden para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los dos metros de distancia al cierre del ocio nocturno.
En el auto, dictado el pasado jueves por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid y hecho público este viernes, se señala que «desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma».
«Nos genera un gran grado de confusión porque, por un lado, dice que las comunidades autónomas no pueden adoptar medidas que limiten derechos fundamentales con carácter general, por otro lado, dice que las medidas que hemos propuesto no superan el umbral de esa afección y finalmente dice que no ratifica las medidas», ha explicado.
López ha sostenido que la Comunidad de Madrid debía pedir la ratificación judicial de las medidas consensuadas para frenar el Covid-19 porque algunas afectan a derechos fundamentales.
Ha puesto como ejemplo que la restricción de salidas a personas de residencias afecta al derecho fundamental a la libre deambulación, aunque ha apuntado que esta medida no se adopta «por capricho», sino por la pandemia.
Por eso, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revise esa resolución del Juzgado y que dicte una «en coherencia con la inmensa mayoría de resoluciones dictadas en España sobre estas medidas».
El consejero ha indicado que estas medidas se adoptaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas están obligadas por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y por el decreto 21/2020 de nueva normalidad a cumplir con lo que se acuerde en este órgano.
A su juicio, «gran parte de la culpa de lo que está ocurriendo la tiene la pereza y la inacción del Gobierno central al no haber reformado la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública del año 1986, que no está adaptada a la pandemia».
Ha recordado que el PP ofreció al Gobierno una reforma exprés en un mes de esa ley y registró en el Congreso la reforma a finales de julio para «dar certidumbre a las comunidades autónomas y a los ciudadanos».
