La Comunidad de Madrid contratará un servicio externo de representación legal y defensa de la Agencia de Vivienda Social (AVS) para reforzar la lucha contra la ocupación ilegal del parque de viviendas públicas de la región.
Según indica la Comunidad en una nota difundida este domingo, el Consejo de Gobierno dio esta semana su visto bueno a esta decisión, que se enmarca en la política del Ejecutivo de intensificar su acción en este ámbito.
La AVS mantiene actualmente abiertos 2.154 casos judiciales por ocupaciones ilegales de viviendas de su patrimonio que requieren el ejercicio de acciones legales para proceder a su recuperación.
Además tiene en litigio 8.398 acciones contra deudores, contra las que también procedería el ejercicio de acciones legales en caso de no llegar a un acuerdo extrajudicial previo.
Por tanto, el número de expedientes judiciales que involucran a la AVS alcanza un total de 10.552 litigios, razón por la que la Comunidad ha optado por externalizar estos procesos «durante el tiempo que sea preciso para reducir significativamente la morosidad de los inquilinos y el número de ocupantes ilegales».
La AVS tiene una morosidad que asciende a 65,5 millones de euros, cantidad que la propia Cámara de Cuentas ha manifestado «que resulta imprescindible reducir mediante la adopción de medidas correctoras».
