El Ejecutivo madrileño ha anunciado este jueves que va a realizar una auditoría sobre el sistema de protección de menores de la región, y pondrá en marcha un plan de choque con el objetivo de impulsar el acogimiento familiar frente al residencial en centros. Además, añade que ninguno de los abusos a menores tuteladas víctimas de la Operación Sana, han tenido lugar en el interior de los centros de la red de protección.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su comparecencia a petición propia ante la Asamblea de Madrid, ha dado cuenta de la colaboración de su departamento en la investigación policial de la denominada Operación Sana, que ha desarticulado un grupo dedicado a la explotación sexual de menores.

“Hemos colaborado en todo momento con las autoridades policiales y judiciales; siempre que detectamos que un menor está siendo víctima de un delito lo denunciamos de inmediato. La Comunidad de Madrid ha hecho su trabajo, que es proteger a los menores en el interior de nuestros centros”, ha subrayado la consejera.

En este sentido, Dancausa ha explicado que su departamento ya ha solicitado a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la realización de una auditoría funcional para analizar la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores, un ejercicio de transparencia que evaluará de manera crítica, sistemática e imparcial la eficacia de las actuaciones y la calidad de la gestión con el objetivo de identificar aspectos que puedan ser mejorados.

Fomento del acogimiento familiar

La consejera también ha anunciado la próxima puesta en marcha de un plan de choque para impulsar el acogimiento familiar como mejor alternativa para el desarrollo personal y social de los menores tutelados. En la actualidad hay 3.714 menores con medidas de protección, de los cuales 2.263 (el 60,1%) están en acogimiento familiar y los otros 1.451 (el 39,9%) residen en centros.

La Comunidad quiere seguir elevando este porcentaje de acogimiento con medidas como la transformación de las ayudas que reciben actualmente las familias acogedoras en un derecho subjetivo que les asegure estas prestaciones de manera directa, sin tener que solicitarlas anualmente, e incrementando la dotación económica de las mismas. Dentro de este plan se inscribe también el lanzamiento de una campaña de captación de familias acogedoras.

Así, en la recién aprobada Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022-2026, se incluyen dos medidas específicas a este respecto. Por un lado, un programa de apoyo a las familias acogedoras, con el que la Comunidad garantizará que perciban las ayudas económicas que les corresponden con cuantías de hasta 15.500 euros. También se reforzarán los recursos y otros programas de apoyo dirigidas a ellas.

Por otro lado, entre las nuevas medidas con carácter fiscal, se equiparará a los menores acogidos en régimen de acogimiento familiar con los hijos y la línea recta descendente del causante/donante a efectos de la aplicación de la bonificación del 99 por ciento de la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones aplicable en la Comunidad de Madrid a las herencias y donaciones de padres a hijos y demás descendientes.

Protocolos específicos en los centros

Dancausa también ha adelantado que el Gobierno regional está tramitando la nueva Ley regional de Protección y Garantías de la Infancia con el objetivo de que llegue a la Asamblea en el primer semestre del año. Entre otros aspectos, la nueva norma dedicará un capítulo específico a la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, definirá las garantías, necesidades y singularidades que presenta el tratamiento de menores protegidos con problemas de conducta y actualizará y agilizará los procedimientos administrativos para la declaración de la situación de riesgo o desamparo de niños y niñas.

La norma también incluirá las modificaciones introducidas por la Ley estatal de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada el pasado mes de junio, especialmente en lo referido a la elaboración de protocolos específicos de prevención, detección precoz e intervención ante abusos y explotación sexual para los centros de protección. La consejera ha recordado que la Comunidad, junto al resto de autonomías, está trabajando en la definición de los criterios comunes que deberán incluir estos protocolos en el seno de la Conferencia Sectorial creada al efecto el pasado mes de septiembre.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta misma semana la licitación del nuevo contrato de gestión del único centro de la región específico para menores con trastornos de conducta graves, que va a incrementar su presupuesto un 22,5% y tendrá un importe de 15,3 millones para los próximos cuatro años. Esta subida permitirá aumentar el número de profesionales de este recurso altamente especializado, en el que el precio de la plaza por día pasará de los actuales 160 euros a 190.

Centros de régimen abierto

Respecto a la operación policial conocida hace un mes, Dancausa ha explicado que “estamos ante unas niñas que son víctimas de un delito de explotación sexual, pero de ninguna manera es un caso de explotación sexual de menores tuteladas”. En este sentido, la consejera ha señalado que, con la información a la que ha podido acceder hasta ahora la Consejería, hay cinco menores relacionadas con esta operación en los centros de protección de la región, tres de las cuales son testigos protegidas en esta investigación. Ninguno de los hechos delictivos denunciados se ha cometido en el interior de los centros.

Asimismo, ha detallado que la Comunidad ha colaborado durante todo el proceso con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con la Fiscalía y con los juzgados, que se llevó a cabo una inspección de urgencia del centro donde residen las tres menores testigos protegidas y que ella misma también acudió el 17 de enero para recabar toda la información de primera mano.

También, que se envió sin éxito un escrito a la Dirección General de la Policía solicitando que se facilitara la información disponible para proteger a las menores y que el Gobierno se ha personado como acusación particular ante los juzgados de Instrucción número 1 y 8.

La consejera ha explicado el funcionamiento de los 102 centros de esta red, que suman un total de 1.880 plazas y en los que la supervisión, la vigilancia, el control y la colaboración con autoridades policiales y judiciales es constante. Entre ellos está el centro para menores con trastornos de conducta, en el que solo pueden ingresar con autorización judicial y que es el único que puede imponer restricciones a sus movimientos, siempre motivadas con informes, acordes a esa autorización judicial y comunicadas a la Fiscalía del Menor.

Todos los centros de protección, incluido éste, son abiertos, en los que los menores pueden y deben salir dentro de su proceso educativo y de formación. Esta característica clave les diferencia de los centros cerrados de reforma, en los que los menores están cumpliendo una medida de internamiento por sentencia judicial y de los que no pueden salir. Por tanto, en un centro de protección no existen fugas sino ausencias voluntarias, que siempre se comunican de inmediato al Grupo de Menores (GRUME) para que los agentes puedan localizarles y devolverles a los centros.

Dancausa ha explicado que esa colaboración constante entre administraciones se materializó el año pasado en más de 5.000 comunicaciones y denuncias realizadas entre los centros y la policía, los jueces y los fiscales, la mayoría de ellas para notificar ausencias voluntarias, pero también para comunicar informes de seguimiento a los juzgados y a la Fiscalía. Además, hay 103 denuncias por hechos delictivos contra menores, y desde 2016 la Comunidad se ha personado en 50 procedimientos judiciales relacionados con menores residentes en sus centros.

En concreto, en los expedientes de las tres menores tuteladas por la Comunidad que han sido declaradas testigos protegidas en esta investigación figuran un total de 84 comunicaciones de este tipo. Se incluyen además 13 declaraciones de las menores ante la Policía, que siempre realizan acompañadas de responsables de su centro residencial, y tres denuncias realizadas por uno de los centros sobre los abusos sexuales sufridos por una de las menores en sus ausencias voluntarias –la primera se remonta a septiembre de 2020.