La operación ‘TRECIENTOS Y PICO’ de la Guardia Civil ha permitido detener a 7 hombres por 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Además, se ha investigado a 11 hombres por los mismos hechos.

A principios del pasado mes de septiembre de 2020, agentes de la Guardia Civil de Tavernes Blanques, recibieron dos denuncias de vecinas del municipio en las que manifestaban que se habían hecho una serie de cargos en sus cuentas bancarias como consecuencia de préstamos con una entidad financiera que nunca habían solicitado.

Tras abrir una operación para investigar este ilícito penal, los agentes lograron descubrir que la trama criminal era mucho más extensa y que afectaba a 32 provincias de todo el territorio nacional: Albacete, Alicante, Barcelona, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Córdoba, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

Delitos de estafa en una compleja red económica

Los autores habían creado diferentes perfiles falsos en una empresa española que ofrecía diferentes servicios a través de internet, entre otros, un portal inmobiliario. En estos anuncios, las víctimas se interesaban por alquilar viviendas, con un precio por debajo de lo habitual, y de esta forma, los autores solicitaban la documentación personal de los interesados argumentando que era totalmente necesaria para el arrendamiento.

La Guardia Civil también consiguió averiguar que varios de estos préstamos, estaban a nombre, principalmente, de personas extranjeras que habían sido víctimas de robos, hurtos y robos en interior de vehículos en la provincia de Madrid.

Toda esa documentación personal, era utilizada posteriormente por los autores, para adquirir en tiendas online de distintas provincias del territorio nacional, mediante préstamos financieros a nombre de sus víctimas, productos de alta gama como bicicletas, motocicletas, vehículos y otros bienes.

Una vez que estos productos eran enviados por las tiendas y se encontraban en poder de la organización, los ofrecían a través de plataformas de venta de segunda mano a un precio muy por debajo de su valor real, con la intención de venderlos y obtener el beneficio económico de las ventas con rapidez.

Intervención de ordenadores, móviles y documentación

La primera fase de la operación se inició el pasado mes de febrero de 2021 con un registro domiciliario en la localidad de La Eliana, donde los agentes pudieron intervenir un ordenador portátil, varios teléfonos móviles y diversa documentación relacionada con la operación.

A finales del mes de febrero de 2022, la Guardia Civil ejecutó la segunda fase de esta operación, que se saldó con la detención de 6 hombres con edades comprendidas entre 22 y 45 años, de nacionalidad española, y otro de 26 años, de nacionalidad británica por 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.

Además, se ha investigado a 9 hombres con edades comprendidas entre 24 y 61 años, de nacionalidad española, y dos más de 30 y 60 años de nacionalidades portuguesa y colombiana respectivamente, por los mismos hechos. El valor de los beneficios de los ilícitos penales y los perjuicios a las tiendas con las que trataron supera los 2.000.000 euros.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Ante hechos como los descritos y otros hechos similares que se producen habitualmente en nuestro país, la Guardia Civil realiza una serie de recomendaciones como prevención. En primer lugar, evitar enviar o publicar copia de tu documentación a través de internet o cualquier red social.

Con respecto a los trámites ante la Administración General del Estado, como consta en el Real Decreto 522/2006, está prohibido que nos soliciten la fotocopia de nuestro DNI, motivo por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, de modo que si algún órgano de la Administración General del Estado nos solicita la documentación personal deberíamos desconfiar automáticamente porque quizá se trate de un caso de “phishing” (suplantación de identidad).

Es necesario también, desconfiar de las empresas que requieren documentación personal, para realizar trámites online, ya sean para búsquedas de trabajo, inmobiliarias, vendedores de productos, etc. También hay que evitar tener copia de tu identificación personal en tu correo electrónico, ya que, ante un acceso indebido al mismo por un tercero, la tendía en su poder.

El cuerpo de seguridad del Estado también recomienda no enviar documentación bajo ningún concepto si se trata de una transición realizada en una plataforma de compraventa y sospechar si el producto a la venta es muy bajo respecto al precio de venta en el comercio.

Por otro lado, si al comprar un producto en una plataforma de compraventa, nos hacen entrega de la factura del mismo, se debe comprobar quien es el titular, y confirmar si coincide con la identidad real del vendedor, en caso de no ser así, sospechar de la procedencia del producto. Ante la duda, lo mejor es no comprar el producto y pedir asesoramiento legal.

En caso de que fuera necesario, enviarla por algún tipo de requerimiento legítimo, si se tratase de un DNI, se puede pixelar la fotografía o bien la firma, o añadir una marca de agua a la copia de la documentación que enviemos, en la que indiquemos la finalidad que tiene el envío de dicha documentación.