El pleno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, con los votos a favor del PP y la abstención de VOX, el proyecto de ley que permitirá a los vehículos de transporte con conductor (VTC) seguir operando en la capital a partir de octubre, una vez que concluya el plazo para la regulación del sector como establecía el Real Decreto Ley 13/2018 (también conocido como Decreto Ábalos) que prohibía a las licencias VTC realizar trayectos urbanos después del primer día del mencionado mes de este año.
Una medida que ha caído como un jarro de agua fría en el sector del taxi, cuyos representantes fueron expulsados de la cámara por elevar sus protestas ante la mencionada aprobación, acusando a la formación verde de «vendidos» y pidiendo la dimisión de Ayuso.
Sus quejas no se detuvieron ahí, sino que este martes 1 de junio, los taxistas madrileños se manifestaron a en la capital, en una protesta convocada por la Federación Profesional del Taxi (FPTM). Unos 400 vehículos cortaron el tráfico del paseo del Prado entre Neptuno y Cibeles, y muchos profesionales lo hicieron también en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional.
La FPTM ya ha señalado que están dispuestos a llevar el texto ante los tribunales por presunta prevaricación, acusando al ejecutivo autonómico de ir contra de un servicio público y «dejar desprotegidas a más de 25.000 familia en favor de grandes multinacionales como Uber, Cabify o Bolt». También han avanzado posibles nuevas movilizaciones para los próximos días, si bien controladas para no perjudicar a los clientes.
Un sector que ya ha encontrado el apoyo en la calle de algunos partidos políticos como Más Madrid.
«Sigo tendiendo la mano para llegar a acuerdos»
La postura de la Comunidad de Madrid en este aspecto es muy clara y David Pérez, consejero de Transportes, la ha querido aclarar en el marco de la Feria MOGY celebrada en Las Rozas subrayando que prefieren «el diálogo a la confrontación y la responsabilidad pública a la politización».
Pérez ha apuntado a una inhibición por parte del Gobierno central, recordando que «el decreto Ábalos dejó un vacío que nos ha obligado a legislar a las comunidades autónomas». En este sentido, ha incidido en que lo único que han hecho ha sido «permitir que los VTC sigan operando a partir de octubre» y que, de no haber intervenido, 8.000 de estos vehículos estarían «obligados a desaparecer».
Sobre una posible sanción, el consejero deja claro que «difícilmente se puede denunciar a una comunidad autónoma por cumplir con la legislación y con las directivas europeas», para también poner en valor la necesidad de este servicio, en una región «con 20 millones de viajes que requieren diferentes alternativas de transporte«.
Por último, Pérez ha querido mostrarse conciliador y ha asegurado que desde la Comunidad de Madrid se quiere trabajar junto al taxi «para fortalecer el sector e impulsarlo para que pueda competir», además de añadir que sigue «con la mano tendida para llegar a acuerdos».
Imagen portada: Twitter Mónica García
