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La Comunidad constituye el Comité Interdepartamental para la lucha contra incendios

Coordinado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, engloba también a las de Medio Ambiente y Administración Local

El Gobierno regional ha constituido este lunes el Comité Interdepartamental de la Comunidad de Madrid, para el refuerzo de medidas de protección y defensa contra incendios forestales, anunciada la semana pasada, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

A través de un grupo de trabajo, se centrará en coordinar todas las acciones necesarias para paliar este tipo de siniestros medioambientales desde el Ejecutivo autonómico. Su labor permite medidas efectivas antes de noviembre, para que puedan ser realizadas o iniciarse de manera urgente previa a la campaña de riesgo alto de 2023.

El Comité, encabezado por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López –responsable del área de Seguridad y Emergencias regional-, complete también a las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, y de Administración Local y Digitalización.

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Estudio de vulnerabilidad de los ecosistemas madrileños

Este primer encuentro, desarrollado en la Real Casa de Postas, ha sentado las bases para abordar un análisis en materias tales como un estudio de la vulnerabilidad de los ecosistemas madrileños ante la amenaza de este tipo de catástrofes; el impulso, adaptación y mejora del Plan de Defensa contra Incendios Forestales y del Decreto que aprueba el Plan Especial de Protección Civil; además de efectuar un seguimiento del operativo del Plan INFOMA del Gobierno madrileño.

Igualmente, se trabajará en aquellas propuestas de ayudas económicas para programas de prevención de incendios en el ámbito rural y de gestión forestal, avanzando especialmente en los del ámbito educativo y sobre concienciación.

La Comunidad constituye el Comité Interdepartamental para la lucha contra incendios 1

Objetivos del Comité

Entre los objetivos específicos deberá analizar, proponer y ejecutar medidas basadas en las siguientes materias: Análisis de la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas a la amenaza de los incendios forestales; el impulso, adaptación y mejora del Plan de Defensa contra Incendios Forestales y del Decreto que aprueba el Plan Especial de Protección Civil Contra Incendios Forestales; y llevar a cabo un seguimiento del operativo del Plan INFOMA.

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Además, se efectuará una propuesta para acometer modificaciones legislativas que faciliten una gestión más sostenible del territorio y de las masas forestales, impulsando su gestión y la recuperación de los usos tradicionales, y que ya están contempladas en la futura Ley Ómnibus autonómica.

El Comité Interdepartamental también trabajará en aquellas propuestas de ayudas económicas a programas de prevención de incendios forestales y gestión forestal, además de seguir en el impulso de programas educativos y de concienciación social.

Por último, se aplicará un análisis de elementos e influencias externas sobre los espacios forestales, para una coordinación más efectiva aún con otras regiones además de elevar la petición de medidas al Gobierno de España, ya que la coordinación autonómica es fundamental como así lo demuestran los convenios suscritos por Madrid con Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La Comunidad constituye el Comité Interdepartamental para la lucha contra incendios 2

Crisis energética y de abastecimiento: Actuaciones

Por otra parte, el consejero López ha vuelto a recordar al Gobierno central la necesidad de contar con un Plan de actuación conjunta ante un posible episodio de crisis energética o desabastecimiento de productos esenciales, del que se ha llevado a cabo una actualización durante el encuentro mantenido hoy.

En el marco de las competencias propias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, y dentro del apartado de Protección Civil, ya se elaboró un documento que emana de aspectos concretos ya recogidos en el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM), y en relación directa con los distintos escenarios que podría plantear una situación de este tipo. Este informe fue presentado en Consejo de Gobierno el pasado 15 de diciembre de 2021.

La Comunidad de Madrid a lo largo de estos meses ha seguido trabajando en la materia, elaborando protocolos que se ha ido añadiendo al Plan Territorial de Protección Civil y llevando a cabo acciones de colaboración público-privada para, por ejemplo, disponer de maquinaria pesada que contribuya a reducir los riesgos frente a emergencias o inclemencias meteorológicas severas. Otros ejemplos de esta actualización ha sido la realización de simulacros a gran escala, como el del pasado mes de abril en el Canal de Isabel II, que permitieron poner a prueba la capacidad de respuesta de la Administración regional ante una hipotética situación de crisis en instalaciones críticas.

López ha recordado que la seguridad energética, regulada expresamente en la Ley de Seguridad Nacional, recoge en sus artículos 10 y 11 que la gestión de la crisis se desarrollará a través de instrumentos de prevención, respuesta, retorno a la normalidad y evaluación, dando participación a las comunidades autónomas que puedan resultar afectadas, pero que deben de ser coordinadas por el Estado.

Entre estos escenarios se encuentran los riesgos tecnológicos o antrópicos, accidentes en centrales de generación de energía, transporte de energía (hidrocarburos), suministros esenciales (agua y energía eléctrica), así como infraestructuras sensibles, como conducciones y depósitos de hidrocarburos, gasolineras o instalaciones de energía eléctrica. Este apartado también incluye un punto de recomendaciones ante nevadas, hielos y olas de frío.

La Comunidad de Madrid dispone de los instrumentos adecuados para la planificación de emergencias que entrañen la posibilidad de sufrir una crisis energética y de suministros básicos. El PLATERCAM como Plan Multirriesgo, al igual que sucediera con la pandemia del COVID-19, es la herramienta de coordinación y planificación que hace establecer el marco organizativo y funcional para una respuesta coordinada, entre el Gobierno autonómico y los 179 municipios madrileños, cuando una situación de desabastecimiento suponga un riesgo colectivo.

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