/ 25 septiembre 2023

El Gobierno de Ayuso insiste: el decreto de ahorro energético pone en riesgo a pymes y autónomos

El Ejecutivo regional va a recurrir esta normativa ante el Tribunal Constitucional por la invasión de las competencias autonómicas en materia de comercio

El Gobierno de Ayuso insiste: el decreto de ahorro energético pone en riesgo a pymes y autónomos

El Ejecutivo regional va a recurrir esta normativa ante el Tribunal Constitucional por la invasión de las competencias autonómicas en materia de comercio

El Ejecutivo regional va a recurrir esta normativa ante el Tribunal Constitucional por la invasión de las competencias autonómicas en materia de comercio

Desde la Comunidad de Madrid entienden que el Gobierno central ha puesto en riesgo la actividad económica que llevan a cabo pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, a través del Real Decreto-ley de ahorro energético aprobado el pasado 1 de agosto. De esta forma lo ha trasladado este martes el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en su visita a la tienda de muebles Adama, ubicada en el distrito de Carabanchel.

Esta pequeña empresa, con cuyo propietario ha conversado el consejero madrileño, se ha encontrado con las dificultades de poner en marcha las obligaciones que emanan de la nueva normativa, de la que no han sido informados con la suficiente antelación. También se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de regular la temperatura del aire acondicionado a 27 grados, debido al calor que se concentra en el interior del local.

Inseguridad ante el apagado de escaparates

Otro de los aspectos que ha abordado en la visita es la obligatoriedad de apagar los escaparates a las diez de la noche, que no tiene en cuenta las implicaciones para la vida de las ciudades, como el efecto disuasorio para el turismo o la mayor inseguridad que genera. Estas consecuencias las ha vivido de primera mano este negocio de muebles que, tras la primera noche de apagón, amaneció con tres pintadas en su fachada.

En este contexto, ha recordado Fernández-Lasquetty, la Comunidad de Madrid ha solicitado la retirada del Real Decreto-ley y la reunión urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que son los encargados de desarrollar esta normativa estatal. Además, el Gobierno regional ya ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este decreto, al considerar que se han invadido sus competencias en materia de comercio.

Desde la Comunidad de Madrid entienden que el Gobierno central ha puesto en riesgo la actividad económica que llevan a cabo pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, a través del Real Decreto-ley de ahorro energético aprobado el pasado 1 de agosto. De esta forma lo ha trasladado este martes el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en su visita a la tienda de muebles Adama, ubicada en el distrito de Carabanchel.

Esta pequeña empresa, con cuyo propietario ha conversado el consejero madrileño, se ha encontrado con las dificultades de poner en marcha las obligaciones que emanan de la nueva normativa, de la que no han sido informados con la suficiente antelación. También se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de regular la temperatura del aire acondicionado a 27 grados, debido al calor que se concentra en el interior del local.

Inseguridad ante el apagado de escaparates

Otro de los aspectos que ha abordado en la visita es la obligatoriedad de apagar los escaparates a las diez de la noche, que no tiene en cuenta las implicaciones para la vida de las ciudades, como el efecto disuasorio para el turismo o la mayor inseguridad que genera. Estas consecuencias las ha vivido de primera mano este negocio de muebles que, tras la primera noche de apagón, amaneció con tres pintadas en su fachada.

En este contexto, ha recordado Fernández-Lasquetty, la Comunidad de Madrid ha solicitado la retirada del Real Decreto-ley y la reunión urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que son los encargados de desarrollar esta normativa estatal. Además, el Gobierno regional ya ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este decreto, al considerar que se han invadido sus competencias en materia de comercio.

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