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Madrid

Madrid reducirá en un 40% los patinetes de alquiler

El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo modelo de alquiler de patinetes eléctricos “más ordenado, seguro e integrado

El Ayuntamiento de Madrid lanzará en los próximos días un nuevo modelo de concesión para las autorizaciones de patinetes eléctricos de alquiler que dará lugar, según considera desde Cibeles, «a un servicio mejor adaptado a las necesidades de movilidad de la ciudad: más ordenado, más seguro e integrado en plataformas de transporte».

Las nuevas concesiones para el arrendamiento de patinetes eléctricos sin base fija persiguen el objetivo de racionalizar el uso del limitado espacio de la vía pública. La principal novedad que introduce es la reducción en un 40 % del número máximo de patinetes que pueden desplegarse por la ciudad, pasando de los 10.000 establecidos en las autorizaciones vigentes a los 6.000: 3.600 se ubicarán en el interior de la M-30 (35 patinetes por cada 10.000 habitantes) y 2.400 en el exterior de la M-30, (10 patinetes por cada 10.000 vecinos).

No obstante, desde el Consistorio señalan que se establece la posibilidad de incrementar el número de autorizaciones en función de la demanda y el uso real de los patinetes eléctricos, procediéndose a una evaluación cada cuatro meses a través de un cuadro de mando de las empresas al que tendrá acceso el Ayuntamiento. Asociada a esta limitación, se restringe a tres los operadores que pueden ofrecer este servicio.

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Promoción del patinete… pero con cautela

El Ayuntamiento ha subrayado que consideran los patinetes eléctricos “como un medio de transporte sostenible y una solución efectiva para reducir el parque circulante contaminante”. Sin embargo, puntualizan que la limitación de los autorizables y su distribución en el espacio público municipal responde a razones de interés general, como lo es “garantizar la seguridad vial y la protección de los usuarios de estos vehículos y del resto de ciudadanos”.

El nuevo modelo de autorizaciones permite, del mismo modo, introducir importantes mejoras en el servicio. Una de ellas es que la empresa deberá contar con los desarrollos tecnológicos en sus aplicaciones para obligar a aparcar a los clientes únicamente en las zonas habilitadas para ello en el distrito Centro. En el resto de la ciudad, podrán estacionar fuera de las mencionadas reservas siempre que no exista una plaza para motocicletas, ciclomotores, bicicletas y VMP a menos de 50 metros del punto de estacionamiento. Asimismo, no se permitirá en ningún caso iniciar o finalizar el trayecto en calles de prioridad peatonal ni en las aceras ni en espacios peatonales contiguos a parques históricos como El Retiro.

Prioridad a las empresas tecnológicamente más avanzadas

Para la concesión de las autorizaciones se otorgará una puntuación más elevada a las empresas que impidan con sus tecnologías los aparcamientos indebidos, la circulación por aceras, un plan de acción para dar a conocer la normativa a los usuarios, que ofrezcan clases de circulación segura a sus clientes y el empleo de vehículos no contaminantes para la logística del servicio.

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Asimismo, se ha introducido la exigencia de que los operadores están obligados a retirar los patinetes de zonas en las que contravengan la OMS o donde produzcan molestias peatonales en un plazo máximo de 48 horas. Este tiempo se reducirá a 24 horas si los vehículos están mal aparcados o presentan algún problema de mantenimiento. Si no los retiran, la empresa podrá ser sancionada.

Patinetes

En funcionamiento en tres meses

Tras la publicación del decreto, las empresas tendrán 30 días para presentar las solicitudes y en noviembre se procederá a adjudicar las concesiones a tres empresas. Tras la comunicación a los operadores, tendrán tres meses naturales a contar desde el día siguiente de la notificación para desplegar el 50 % de la flota autorizada. En caso de no haberlo realizado, el resto de vehículos tendrán que estar situados en calle en el plazo máximo de dos meses desde el inicio del primer despliegue. Estas autorizaciones tienen un plazo de duración de tres años con posibles prórrogas por plazos de seis meses en atención a la evolución de la demanda.

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