José Luis Peñas, el ex concejal del Partido Popular de Majadahonda, y cuyo abogado defensor es el portavoz de Alternativa por Boadilla Ángel Galindo dentro del juicio de una de las piezas de Gürtel, ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por la comisión de cinco delitos: asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación. Además, también tendrá que responder con 125.000 euros a las responsabilidades civiles que se le exigen.

La Justicia no ha creído ni a Peñas ni a su abogado, que mantenían que jamás había hecho nada delictivo. Es más, creen, como muestra la sentencia, que cobró sobornos y ayudó a Correa, su amigo personal, a tener bajo control las adjudicaciones de Majadahonda, el municipio madrileño donde empezó como funcionario y acabó como concejal.

Según Eldiario.es, «Peñas y Correa se conocieron a principios de los 2000. El alcalde de Majadahonda les presentó, y le recomendó a Peñas que le invitase a su boda. Así lo hizo, y el empresario, que entonces vivía la época dorada de sus negocios, le obsequió con un viaje a Isla Mauricio como regalo de bodas. La amistad que se fraguó entonces la definió el propio Correa durante el juicio, cuando contó que su hija le llamaba <<tío Pepe>>.

En declaraciones también a este periódico, que es el que destapó el caso de Cristina Cifuentes, Peñas ha reconocido, tras conocer la sentencia, que no esperaba ser condenado. «Teníamos una sensación muy buena, hicimos un trabajo muy bueno, me refiero a mí y a mi abogado, fuimos al fondo de las cosas, respondimos a todo el mundo, pensábamos que habíamos llegado a convencer al tribunal de que no somos Gürtel».

A pesar de su postura, y la de su abogado, Ángel Galindo, la sentencia señala que «con las respuestas que ha dado, ha tratado de eludir su implicación en los hechos de que ha venido siendo acusado». Esos hechos son, según el tribunal, que Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda, «prestó su colaboración fundamental» al grupo de empresas de Correa hasta «formar parte de él» y le acusa de prevalerse «de las competencias que por razón de sus cargos ostentaban dentro del Ayuntamiento, para imponer esta dinámica de actuación tanto en el ámbito de la contratación, mediante la manipulación en las adjudicaciones, como en el de la ordenación de pagos, mediante la autorización de pagos indebidos».

También denuncia la sentencia que se fue «apoderando de manera indebida, con regularidad y periodicidad, de distintas cantidades de distintas ‘cajas fijas’, que ni justificaron en su momento ni han justificado después»

Tanto Peñas como su abogado han anunciado ya que van a recurrir ante el Tribunal Supremo, una acción que es probable que ejerciten el resto de condenados, como Bárcenas, Correa o Pablo Crespo.

Cabe recordar que en el pleno de octubre de 2015, tanto el Partido Popular como el Grupo Mixto presentaron una moción en la que se instaba al Congreso de los Diputados a que realice una modificación normativa que impida que un edil pueda actuar al tiempo como abogado en causas que vayan contra los intereses de los vecinos a los que representa, en especial en los casos vinculados a temas de corrupción. Moción en la que el Grupo Municipal Socialista y Alternativa por Boadilla votaron en contra mientras que Ciudadanos se abstuvo.

El texto solicitaba al Congreso que se realizase «un cambio en la Ley Electoral y la Ley de Incompatibilidades al Servicio de las Administraciones Públicas que impida que un cargo público pueda al mismo tiempo ejercer como abogado defensor de un imputado por un caso grave de corrupción, especialmente en los casos en los que la trama investigada y las actividades del imputado puedan haber causado un perjuicio al patrimonio y a la imagen de la administración pública en la que el cargo público ejerce su labor y a la que representa.»

Asimismo, se informó del contenido de la moción al Consejo General de la Abogacía Española «con el objetivo de que puedan estudiarla y, si fuese necesario, procedan a actualizar el Estatuto y el Código Deontológico de dicha institución para que sea de obligado cumplimiento por los abogados de España».