La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, han presentado este miércoles un plan de reactivación de la Comunidad de Madrid, con treinta medidas «que dan comienzo a una nueva etapa» y que se irán ampliando con las aportaciones de distintos sectores sociales, ciudadanos, comerciantes, familias, sanitarios y grupos parlamentarios.

Díaz Ayuso ha explicado que este plan transversal, elaborado por todas las Consejerías, está dirigido a aliviar el daño causado por el Covid-19, acompañar a los ciudadanos, facilitar los trámites, reducir trabas y ganar tiempo: «Son momentos muy difíciles, muy duros y, de esto, saldremos juntos con ese diálogo entre el Gobierno y los ciudadanos». El plan irá a la Asamblea, donde se completará a través de distintas comisiones y del diálogo parlamentario.

Aguado ha abogado por aprender de las debilidades del sistema de residencias, de las estructuras administrativas y de la colaboración entre Administraciones, al tiempo que ha resaltado que los objetivos de los próximos meses son evitar nuevos rebrotes y evitar que la pobreza se extienda en la región.

Principales medidas

Desde la Consejería de Presidencia se pondrá en marcha la oficina 360 para que haya una relación directa entre los ciudadanos y su Administración, con videoconsultas, agilizar las citas previas y evitar desplazamientos innecesarios.

Igualmente, se promoverá un Plan de Actuación de Protección Civil ante pandemias para favorecer la coordinación entre los distintos cuerpos y servicios de emergencias.

Asimismo, se eliminarán trabas para cambiar el uso del suelo y se abrirá una línea directa con los ciudadanos y funcionarios para suprimir barreras y dificultades.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se pondrán a disposición de los operadores económicos parcelas de la Comunidad de Madrid que estarán en constante licitación para uso residencial, industrial o de oficinas.

También se ofrecerán incentivos para facilitar la adquisición de patinetes eléctricos, de bicicletas, de ciclomotores y de motocicletas eléctricos con el fin de contribuir a mejorar la calidad del aire.

Desde la Consejería de Sanidad, se eximirá del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud a los médicos extracomunitarios que hayan convalidado su especialidad en Madrid.

Se impulsará además un plan de refuerzo de la asistencia sanitaria al paciente crónico con líneas específicas para seguir los casos complejos que han quedado después del COVID-19, se activará la tarjeta sanitaria virtual para agilizar la sanidad madrileña y se potenciarán las visitas domiciliarias.

En materia educativa, se creará un centro específico y de referencia para la Formación Profesional a distancia, que duplicará el número de alumnos, y se fomentará el emprendimiento en la Formación Profesional, para llegar a unos 60.000 alumnos.

En el ámbito de la economía, se pondrá en marcha el programa Madrid Emplea dotado con 32 millones de euros y seis líneas de actuación distintas que persiguen favorecer la contratación indefinida de personas que se han visto afectadas por la crisis. Estos 32 millones de euros pueden traducirse en ayudas directas de hasta 7.500 euros.

Desde la Consejería de Políticas Sociales, se reforzará con una inversión de 20 millones de euros al tercer sector de la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Ciencia creará las becas Seguimos, con una dotación inicial de 9 millones de euros, a los que se añadirán 3 millones de euros aportados por las universidades, para estudiantes afectados por razones derivadas del COVID-19. También se destinarán 8 millones de euros a reforzar una serie de proyectos de investigación orientados mejorar el diagnóstico, el análisis y el seguimiento de las personas afectadas por el coronavirus.

La Consejería de Cultura creará una plataforma de contenido cultural online y pondrá en marcha una línea de avales para ayudar al sector turístico de la región.

Todas las inversiones previstas en materia de infraestructuras para mejorar el Metro y el transporte público por un importe superior a los 250 millones de euros van a continuar su curso.