El Ayuntamiento de Madrid ha determinado que la adjudicación de la Casa de la Carnicería para explotar en ella un hotel parece ajustarse al procedimiento legal aunque para Ahora Madrid es «cuestionable políticamente».
La adjudicación «se realizó de acuerdo al procedimiento estipulado, como se concluye» tras una primera revisión del expediente realizada por el área de Economía y Hacienda, capitaneada por el delegado Carlos Sánchez Mato.
El Gobierno municipal ha lamentado la «precipitación» a la hora de resolver el concurso, «cinco días antes de las elecciones de mayo» aunque no ha detectado irregularidades formales. Para Sánchez Mato, la cesión de este patrimonio de todos los madrileños a una entidad privada para su lucro es «cuestionable políticamente».
Un decreto publicado el pasado 19 de mayo adjudicó la «concesión demanial para la implantación, explotación y conservación de un establecimiento hotelero en la Casa de la Carnicería a la empresa Global Mandalay», por un canon anual de 420.000 euros, la oferta más elevada, y una duración de 40 años prorrogables a un máximo de 75.
En una primera revisión del expediente no se han detectado irregularidades respecto a la solvencia técnica y capacidad económica, pese a las dudas surgidas al respecto, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. La sociedad se constituyó en marzo de 2015 y en abril fue comprada por Desarrollos Hoteleros Barcelona 2004, que pertenece al grupo portugués Pestana.
A través del grupo hostelero se acredita la experiencia profesional requerida en el concurso, de al menos cinco años en el sector hotelero, dos de ellos en el periodo inmediatamente anterior a la redacción de los pliegos de condiciones.
También se certifica la solvencia económica, es decir, que tenga un volumen de negocio en los últimos cinco ejercicios igual o superior a 10 millones de euros en cada uno de ellos.
El hecho de que se haya otorgado por 420.000 euros al año a la empresa que presentó la propuesta más cara «no elimina el coste de oportunidad, es decir, lo que ha dejado de beneficiar a los ciudadanos», ha explicado Sánchez Mato. «Comprometer un activo público durante los próximos 40 años para que una empresa privada se lucre, aunque sea legalmente, es denunciable políticamente», ha remachado.
La oferta presentada por la adjudicataria fue la más elevada, el único criterio establecido por el anterior Gobierno municipal. Hace menos de un mes el delegado firmó un decreto para que las contrataciones municipales sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables.
Así se tendrá en cuenta, por encima del precio, conceptos como la calidad de las condiciones de empleo, la inserción sociolaboral y la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo.
