Nos estamos acostumbrando con demasiada facilidad a tolerar políticas de brocha gorda, políticas que disparan a bulto y terminan abatiendo a quienes menos te esperas. Políticas que parecen tener un objetivo, pero que, al final, terminan produciendo resultados indeseables.
No es cosa de ahora, pero, atentos tan sólo a su permanencia en el poder, nuestros políticos se han acostumbrado a dar brochazos a diestro y siniestro y a pintar banderas tras las cuales pretenden que nos situemos para defender sus sillones y sus puertas giratorias, sin darse cuenta del hastío de todo un pueblo cuyos problemas siguen sin solución.
El difunto ministro Boyer, una de las adquisiciones levemente socialdemócratas de Felipe González, sacó adelante una ley de vivienda (Ley Boyer la llamaron) que liberalizó el mercado del alquiler, a excepción de las viviendas de renta antigua. En el caso de estas viviendas, sus propietarios debían seguir cobrando las mismas rentas, que tan sólo podían ser actualizadas si sus inquilinos tenían un determinado nivel de rentas. Y aún así una actualización con limitaciones y topes establecidos en la subida.
Algunas de estas rentas se actualizaron, no al “precio del mercado”, pero sí un poquito. El problema más gordo es el de otras muchas viviendas cuyos propietarios tenían rentas bajas y cuyos alquileres quedaron sin ser actualizados.
Conozco algunas propietarias de vivienda de renta antigua, personas mayores que perciben ínfimas pensiones de viudedad mientras cobran un alquiler de unos cien euros a personas mayores con pensiones tan miserables como las suyas.
Y ahora parece que el gobierno aprobará una nueva ley de vivienda, que no hablará de este tema, que perpetuará esta situación. Las viudas inquilinas pobres no pueden ser expulsadas de su vivienda. Y estoy de acuerdo con que toda persona tiene derecho a una vivienda. Pero la viuda pobre, propietaria de esa vivienda, no debe ser la financiadora de las políticas sociales de unos gobiernos ausentes durante décadas.
Porque de eso se trata, de gobiernos que año tras año van cargando sobre las espaldas de gentes con pocos recursos, el sostenimiento de las políticas públicas de todo tipo, incluidas las políticas sociales de vivienda.
No estoy hablando de grandes fondos buitre que tienen en sus manos decenas de miles de pisos. Con esos se puede negociar y hasta se les pueden imponer condiciones para limitar sus abusivos beneficios y evitar que dejen a la gente en la calle.
Hablo de personas de a pié, de la calle, que han heredado un piso de renta antigua cuyo alquiler no pueden actualizar, ni tan siquiera de forma tasada, porque el gobierno de turno no quiere pagar a inquilinos con bajas rentas una ayuda, un subsidio, una parte razonable de una renta razonable.
El gobierno de coalición se apresta a intentar salvar la cara de una gestión de luces y sombras, llena de muchas broncas y tan sólo unos pocos abrazos más bien fríos, aprobando de corrido una ley de vivienda que, seguro, seguro, se olvida de la viuda anciana que heredó una vivienda en alquiler de renta antigua.
A la vuelta de los siglos, retorna con fuerza la parábola de aquella viuda cuyas demandas de justicia eran siempre desdeñadas por aquel que tenía el deber de defender la honestidad y la rectitud en la política y en la sociedad.
