Canal de Isabel II venderá todas sus empresas en Latinoamérica y circunscribirá su actuación a España y seguirá siendo cien por cien pública, según ha avanzado este jueves el presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido.
Así lo ha dicho en el pleno de la Asamblea de Madrid, que este jueves ha albergado un debate monográfico sobre la empresa de aguas tras conocerse la Operación Lezo, que investiga presunta corrupción en el seno de la empresa de aguas madrileña.
Este pleno se ha producido después de que los Grupos de la oposición hayan presentado Proposiciones de Ley (PROPL) para mejorar el control del Canal. Podemos y PSOE piden blindar el carácter público del Canal y derogar las leyes que abren la puerta a su capitalización y Cs asegurar el carácter público de la empresa.
Garrido ha relatado que la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, le ha dado instrucciones para que eleve al Consejo de administración del Canal la decisión de llevar a cabo la venta de todas las empresas de Canal en Latinoamérica con un procedimiento ordenado.
Según ha relatado, el procedimiento fue «diseñado y aprobado en el pasado Consejo de Administración del 7 de marzo».
Para ello, Canal va a contratar un asesor financiero externo, con experiencia en procesos de venta de este tipo, para que proponga diferentes alternativas para llevar a cabo las desinversiones (venta directa, en mercado, etc.), posibles calendarios para su ejecución, entidad que realice la valoración del negocio, el objeto de la desinversión (Canal Extensia, Inassa, activos independientes); y, en general, cualquier otro aspecto relacionado con este proceso.
En una segunda fase, el consejo de administración de Canal analizará las propuestas presentadas por el asesor financiero y adoptará el acuerdo correspondiente, que incluirá la oportunidad o no de iniciar el proceso de enajenación y, en caso de llevarlo adelante, el procedimiento, el calendario y el objeto de la desinversión.
Según ha indicado, esta decisión se une a la que los responsables de Canal adoptaron, en junio del año pasado, de cerrar de manera ordenada las participadas latinoamericanas que no tuvieran actividad o cuyo objeto social no estuviera relacionado con la gestión integral del ciclo del agua.
Según ha explicado Garrido, en la actualidad ya hay 12 empresas con procesos de liquidación y disolución iniciados o, incluso, finalizados. La previsión es que este proceso de cierre se haya concluido en todos los casos a lo largo de este año 2017.
Por otra parte, en su intervención ha hecho una «llamada a la responsabilidad» para que «en ningún caso se confunda la actividad presuntamente delictiva de algunas personas» con la gestión del Canal; que «comportamientos aislados» no pongan en duda la actuación del Canal.
CIEN POR CIEN PÚBLICA
En su intervención, Garrido ha asegurado que Canal será una empresa «cien por cien pública» y su actividad se circunscribirá al territorio nacional. Ha asegurado que mantener el carácter cien por cien público de la empresa es «uno de los pilares básicos» y ha aseverado que «Canal debe seguir y va a seguir siendo una empresa cien por cien pública».
«Nos aseguraremos que mantenga el accionariado cien por cien público», ha insistido Garrido, quien ha indicado que los beneficios obtenidos por la empresa se reparte entre sus accionistas, que son la Comunidad y diferentes ayuntamientos, y ha precisado que en 2016 los beneficios ascendieron a 119,38 millones.
