Cada vez que pensamos en un accidente de tráfico, la primera causa que nos viene a la mente es un posible exceso de velocidad. Esta asociación automática tiene fundamento, puesto que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), el 32% de los siniestros con víctimas mortales se producen por distracciones durante la conducción, un 26% por velocidad inadecuada y un 13% por el alcohol y el cansancio -en idéntico porcentaje-.
Los españoles aprendemos a conducir con las mismas normas de circulación, independientemente de la zona geográfica, por lo que las causas de la siniestralidad no deberían ser tan diferentes según la comunidad autónoma. Y, sin embargo, en Madrid existen datos muy preocupantes.
Los accidentes con muertos en carreteras secundarias supusieron el 77% de los fallecimientos durante 2017. A nivel nacional, el número de víctimas subió un 3% respecto al año anterior. En la Comunidad de Madrid, el incremento se disparó nada menos que un 30’7%, es decir, 16 vidas más que nos obligan a pensar qué está pasando y qué vamos a hacer para solucionarlo.
Los políticos de la Comunidad de Madrid no tienen competencias para regular el tráfico, pero nadie puede excusarse en eso, porque el margen de maniobra sigue siendo amplio.
En primer lugar, el gobierno regional podría incorporar la educación vial a la enseñanza básica, de forma que nuestros hijos o nietos se eduquen en el respeto a las normas y el conocimiento de las consecuencias que implica no respetarlas.
La materia más crítica, ahora bien, es el mantenimiento de las carreteras, que sí es competencia de la Comunidad de Madrid.
Entre 2008 y 2015, los sucesivos gobiernos del PP se desentendieron de esa responsabilidad e invirtieron solo el 40% de lo necesario para mantener las vías en buen estado. Ello provocó el deterioro del asfalto, la generalización de los socavones y la necesidad de reponer a marchas forzadas la señalización horizontal y vertical. Las consecuencias las han sufrido los usuarios de los coches, las motocicletas, los camiones o las bicicletas, sean particulares, transportistas, autónomos o usuarios del transporte público.
La conservación, la limpieza y la eliminación de puntos negros de las carreteras son tareas que necesitan de una planificación. Afortunadamente, las inversiones en mantenimiento han ido creciendo desde 2016 gracias a las exigencias que Ciudadanos ha logrado incluir en los presupuestos pactados con el PP.
Estamos concienciados de lo grave que es abandonar nuestras carreteras. Dejar de gastar el presupuesto supone hipotecar la seguridad de los madrileños, pero también empeñar el futuro, puesto que las inversiones que no se hagan hoy obligarán a desembolsos mayores mañana por el envejecimiento y el desgaste de las infraestructuras.
Desde Ciudadanos entendemos la seguridad vial como una responsabilidad conjunta de todos. No vale que una Administración mire para otro lado. Tenemos que colaborar en aras de nuestras vidas y del bienestar de nuestra sociedad.
