Hace justo tres meses publiqué un artículo que se llamaba «Un bono social que no funciona». Hablaba del bono social que aplica el canal de Isabel II y que resulta infrautilizado por quienes deberían poder beneficiarse del mismo.
Ahora me encuentro con que, sin duda alguna, preocupados por el problema de la pobreza energética, nuestros gobernantes han decidido hacer algo al respecto y rebajar el coste del consumo eléctrico para personas mayores y con bajos ingresos.
Mi madre es una de esas personas que percibe una escueta y mínima pensión de viudedad y se beneficia de un descuento por bono social que calculo equivale a un 20 por ciento del total de la factura. Un descuento que, en el caso de mi madre, viene a suponer unos 3´5 euros.
Acaba de recibir, la buena mujer, una carta, junto a la factura de electricidad, en la que la empresa “comercializadora de referencia”, le comunica que han entrado en vigor las nuevas condiciones de aplicación al bono social que supone un descuento en la factura sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).
Ya tiene delito este eufemismo de “Precio Voluntario”, como si ese “Pequeño Consumidor” tuviera algo que decir respecto al precio de la electricidad, o sobre su factura. Lo que ya es de juzgado de guardia, o al menos asunto de Derechos Humanos, o Defensor del Pueblo, es lo que viene a continuación.
A sus 94 años, mi madre (imagino que como las madres de cada uno de ustedes) ha recibido, en la carta, una batería de direcciones de correos electrónicos, páginas web, teléfonos, correos postales y “puntos de Atención” (estos ya sin dirección concreta a la que dirigirse), para solicitar la aplicación del bono social en su factura.
También deja bien claro, la carta, que esta solicitud deberá ser cursada antes del 10 de abril de 2018. Al parecer, le mandarán el formulario a casa y deberá entregarlo, una vez relleno, a través de los medios indicados anteriormente y acompañado de la acreditación de su condición de pensionista, fotocopia del DNI, última factura, Certificado de Empadronamiento, Libro de Familia. Creo que es todo.
Y yo me pregunto. Si mi madre tenía descuento por bono social eléctrico y demostró reunir las condiciones. Si se trata, de verdad, de mejorar su situación. Si la compañía eléctrica ya tiene su factura. Si una administración no tiene que pedir nunca al administrado aquello que ya obra en su poder. Si una compañía eléctrica no tiene por qué tener y procesar datos personales que no son de su incumbencia. Entonces ¿por qué mi madre, perceptora de una pensión muy por debajo del umbral de la pobreza, tiene, una vez más, que demostrar la evidencia?.
Mi madre, la tuya, está claro, no lo hará. Tendremos que demostrar nosotros que tu madre, mi madre, son pobres. O, a lo mejor, perdemos más tiempo y dinero, en resolver tanto papeleo y requerimiento. De nuevo, un caso práctico, de cómo una necesidad genera una política que se anuncia a bombo y platillo, para que luego todo quede en nada, o en menos que nada, en virtud de los reglamentos de aplicación, los requisitos extemporáneos, las cautelas desmedidas, la inoperancia programada. Me cabe una pregunta. ¿Es cosa del Gobierno? ¿Es cosa de las eléctricas? ¿Actúan a pachas? Mi madre dice que nos engañan, todos nos engañan, siempre nos engañan.
