El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha acordado la liquidación de las sociedades concesionarias que explotan la autopista M-12 Eje Aeropuerto, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, propiedad del grupo OHL, según informó esta compañía.
El juez dicta la liquidación de esta vía tras rechazar el plan de rescate diseñado por el Ministerio de Fomento para las ocho autopistas que están en riesgo de quiebra. El plan se había presentado como propuesta de convenio en el concurso de acreedores de estas vías.
Se trata de la segunda autopista de las ocho en proceso concursal que alcanza la fase de liquidación, después de que el pasado mes de febrero el mismo Juzgado ya decretara la de la autopista AP-36 Ocaña-La Roda, controlada por Ferrovial y Sacyr.
La liquidación de estas infraestructuras activa la responsabilidad patrimonial administrativa que el Estado tiene ante ellas en virtud de lo fijado en los contratos de concesión con los que encomendó su construcción y posterior explotación.
La factura de dicha responsabilidad patrimonial ascendería a entre 5.000 y 8.000 millones de euros, según distintas fuentes del sector, en el caso de que el conjunto de las ocho autopistas actualmente en concurso de acreedores acabaran finalmente liquidándose.
En virtud de la administración patrimonial administrativa, en caso de una infraestructura contratada por concesión quiebre, el Estado debe abonar a la compañía que la construyó el valor del activo y las inversiones haya realizado en el mismo.
A las autopistas de peaje en riesgo de quiebra no se les aplica la reforma de esta administración patrimonial que el Gobierno aprobó el pasado mes de abril, dado que la nueva norma, que acota la responsabilidad y el importe a pagar, no tiene carácter retroactivo.
En concreto, la reforma establece que si la quiebra de una infraestructura esta motivada por causas imputables a la empresa concesionaria, el Estado sólo responde por el valor que presente el activo y no por las inversiones realizadas en su construcción.
No obstante, en el caso de las autopista Ocaña-La Roda, el proceso de liquidación, y por tanto la responsabilidad de la Administración, están paralizados, dado que el Ministerio de Fomento interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial contra la decisión de liquidación del Juzgado Mercantil.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid dicta la liquidación de la autopista al aeropuerto por el mismo motivo que decretó la de la Ocaña-La Roda, por no admitir el plan de rescate diseñado por Fomento para las autopistas, presentado como convenio de acreedores en todos sus procesos concursales.
El plan de Fomento pasa por integrar las ocho autopistas quebradas en una sociedad pública dependiente del Ministerio, tras acometer una quita del 50% a la deuda financiera de unos 3.400 millones de euros que acumulan y posteriormente titulizar el pasivo restante en un bono a treinta años.
El plan, presentado en marzo de 2014, no ha logrado aún el consenso suficiente de todas las partes para que prospere, y además está afectado por distintos recursos judiciales presentados por la banca acreedora extranjera de la autopistas.
No obstante, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado recientemente en varias ocasiones que este plan de rescate, que garantiza que «no costaría ni un euro a los españoles», sigue encima de la mesa.
OCHO VÍAS DE PAGO EN QUIEBRA
La autopista M-12 Eje Aeropuerto, es una vía de 9,4 kilómetros de longitud, de los que 1,8 kilómetros transcurren bajo el Parque Juan Carlos I en doble túnel. Además de conectar la capital con el aeródromo, también enlaza dos importantes ejes de entrada y salida de la capital, las autovías A-1 y A-2.
La vía, en concurso de acreedores desde enero de 2014, registra un tráfico medio de 18.336 vehículos diarios y su construcción supuso una inversión de 435 millones de euros, según datos de OHL.
Además de esta autopista y la de Ocaña-La Roda, el resto de vías en concurso de acreedores con las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. En conjunto, representan el 25% de toda la red de vías de pago.
El desplome del tráfico que registraron durante la crisis y los sobrecostes que soportaron al expropiar los terrenos para su construcción constituyen los principales motivos de su situación de quiebra.
FOMENTO RECURRIRÁ LA LIQUIDACIÓN
El Ministerio de Fomento recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que dicta la liquidación.
El Departamento que dirige Ana Pastor considera que los motivos que el juez argumenta para liquidar la vía son «subsanables», según indicaron fuentes del Ministerio.
Fomento ya recurrió también el auto que este mismo Juzgado emitió el pasado mes de febrero para liquidar la autopista Ocaña-La Roda, también por los mismos motivos.
Según dichas fuentes, este primer recurso está admitido a trámite y en fase de estudio, pero sin que esté prevista una resolución inminente.
Con la presentación de estos recursos, a través de la Abogacía del Estado, Fomento pretende defender el plan de rescate de las ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra que presentó como propuesta de convenio de acreedores en los procesos concursales que están inmersas estas vías.
