Las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y la autopista de circunvalación de Alicante quedarán cerradas al tráfico el próximo 1 de octubre si el Ministerio de Fomento no asume la gestión de las vías antes de esa fecha.
Así se desprende del auto emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que se dicta la liquidación de estas vías, tres de las ocho actualmente en quiebra.
Los juzgados ya habían declarado la liquidación de otras dos de estas autopistas en problemas, la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid y AP-36 la Ocaña-La Roda.
No obstante, en este caso, el auto de liquidación se ha emitido «sin efectos suspensivos», esto es, no quedará en suspenso por el hecho de que el Ministerio de Fomento o las empresas concesionarias lo recurran ante la Audiencia Provincial.
De hecho, el juez da un plazo de cinco meses para ejecutar la liquidación de las radiales R-3 y R-5 y de la circunvalación de Alicante, dado que «ordena» a sus actuales sociedades concesionarias «dejar de cumplir el contrato concesional y el cese total de la actividad empresarial de la concursada a las 00.00 horas del día 1 de octubre de 2016».
Asimismo, dice que deberá «poner a disposición de la Administración concedente (en este caso el Ministerio de Fomento) los bienes, derechos e infraestructuras a los que esté obligado contractualmente».
Así, en el caso de que el próximo 1 de octubre Fomento no asuma la gestión de las autopistas, las vías quedarían sin servicio en esa fecha, dado que la administración concursal tiene el mandato del juez de tener para entonces resueltos todos los contratos, incluidos los de los trabajadores.
Fuentes del Ministerio que dirige en funciones Ana Pastor aseguran que el Departamento recurrirá el auto de liquidación ante la Audiencia Provincial. No obstante, no es previsible que esta instancia judicial se pronuncie antes de octubre.
Abertis y ACS son las compañías que controlan las sociedades concesionales de estas tres autopistas.
En concreto, las radiales R-3 y R-4 están controladas por Abertis, que tiene el 35% del capital de su sociedad concesionaria (Acesos de Madrid), en la que también participa Sacyr, con un 25%, y Bankia y ACS, con un 20% cada uno. De su lado, la circunvalación de Alicante (Ciralsa) está controlada por ACS, con un 50%, y por Abertis y Globalvia, con un 25% respectivamente.
Además de asumir las vías y su gestión, la liquidación de las autopistas puede suponer al Estado atender a la denominada Responsabilidad Patrimonial del Estado ante los actuales concesionarios de las autopistas, una partida que en el caso de las ocho infraestructuras asciende a unos 4.500 millones.
La liquidación y posible cierre al tráfico de las vías tiene lugar después de que en la última Legislatura el Gobierno y las concesionarias no lograran cerrar un acuerdo respecto al plan de rescate que había diseñado el Ministerio de Fomento.
El plan, que el Gobierno considera vigente, pasa por que el Estado asuma las autopistas tras aplicar una quita del 50% en la deuda de unos 3.200 millones de euros que soportan.
No obstante, la ausencia de acuerdo ha provocado que los procesos concursales en los que están inmersos las vías desde hace años estén derivando en una cascada de liquidaciones, coincidiendo además en una coyuntura de interinidad en el Gobierno.
Además, las liquidaciones también tienen lugar mientras los tráficos de las vías comienzan a recuperarse. La R-3 cerró el ejercicio 2015 con un aumento del 12,5% en el número medio de usuarios diarios y la R-5, del 9,7%.
El desplome del tráfico que las autopistas registraron durante la crisis y los sobrecostes de expropiación que sus concesionarios soportaron para construirla constituyeron los principales motivos de la quiebra de estas ocho autopistas. Además de las ya en liquidación, también están en concurso las otras dos radiales (R-2 y R-4), la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.