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El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2018 en la Comunidad de Madrid fue de 1.720, lo que supone un descenso del 6,7 por ciento respecto a los registrados en el mismo periodo del año pasado, según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’.

Así consta en los datos publicados en la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. El dato supone el tercer descenso interanual consecutivo en el número de lanzamientos practicados, después del incremento del 1,6 por ciento que experimentaron en el segundo trimestre de 2017.

La caída obedece fundamentalmente a la bajada del 43,9 por ciento en la cifra de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, que han pasado de los 453 del primer trimestre del año anterior a los 254 practicados entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo.

Por el contrario, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) experimentaron un crecimiento del 3,9 por ciento, al pasar de 1.346 a 1.399. Hubo además 67 lanzamientos que obedecieron a otras causas.

Cataluña -con 3.807, el 23,9 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre; seguida por Andalucía, con 2.829; la Comunidad Valenciana, con 2.116; y Madrid, con los citados 1.720. Estos cuatro territorios sumaron el 65,8 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también aparece Cataluña en el primer lugar, con 2.366; seguida por Madrid, con 1.399; Andalucía, con 1.353; y la Comunidad Valenciana, con 1.201.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.346; seguida por Cataluña, con 1.104; la Comunidad Valenciana, con 862; y la Región de Murcia, con 416.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2017 fue de 2.678, un 6,3 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 2.020 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento interanual del 26 por ciento.

LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS BAJAN

El informe publicado por la Sección de Estadística revela también que el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el primer trimestre del año fue de 673, lo que supone una disminución del 30,8 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso interanual se observa con todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de Asturias y La Rioja.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 1.298, el 18,8 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía, con 1.219; la Comunidad Valenciana, con 946; y Madrid.

El número de concursos presentados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 348, de los que 102 correspondieron a personas naturales no empresarios. El dato supone un incremento del 13 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017.

En los Juzgados de lo Mercantil se ha observado un incremento del 4,7 por ciento en el número de concursos presentados, que han pasado de 235 a 246. Cataluña es el territorio donde estos órganos judiciales registraron más concursos, con 374, lo que supone el 26 por ciento del total. Le siguieron Madrid; la Comunidad Valenciana, con 211; y Andalucía, con 170.

En cuanto a los concursos presentados por personas físicas, el aumento interanual es del 13 por ciento, al pasar de 73 en el primer trimestre de 2017 a 102 en el mismo periodo de este año. También aquí es Cataluña la Comunidad Autónoma con más concursos presentados, con 269, que representan el 36,7 por ciento del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 114; Madrid y Andalucía, con 70.

LAS DEMANDAS POR DESPIDO SUBEN UN 1,6 POR CIENTO

El primer trimestre de 2018 registró en Madrid un descenso interanual en las demandas por despido. Las 5.087 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social entre el 1 de enero y el 31 de marzo son un 1,6 por ciento menos que en el mismo periodo precedente, y aun así, Madrid -con el 18,4 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo.

Le siguieron Cataluña, con 4.966; Andalucía, con 4.145; y la Comunidad Valenciana, con 3.675. Esta última es la que ha experimentado un incremento interanual del número de demandas por despido más importante, del 35 por ciento.

Las demandas de reclamaciones de cantidad también han disminuido. Las 6.640 presentadas en el primer trimestre del año representan un 13 por ciento menos que las presentadas en el mismo periodo de 2017. El mayor número se ha dado de nuevo en Madrid, que representa el 21,1 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía, con 4.771; y Cataluña, con 3.737.

MÁS PROCEDIMIENTOS MONITORIOS

Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la región fueron 24.563, lo que supone un incremento del 19,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2017.

Se observan incrementos interanuales superiores al 30 por ciento en Castilla y León y al 20 por ciento en la Región de Murcia, Extremadura y Canarias.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.


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