Obedecer las leyes es lo natural en el marco de convivencia de un Estado de Derecho, donde cualquier posible recorte a derechos y libertades se entiende siempre como medida excepcional, y no como posibilidad a capricho según el cacique de turno tenga sus particulares obsesiones con la coyuntura que le toca vivir. En un Estado de Derecho la obediencia es la decisión lógica, racional y hasta deseable, porque nada ni nadie está por encima de la ley, que emana del pueblo como forma de proteger sus derechos, que son naturales y están reconocidos como algo inviolable.
Cuando el poder emana desde los poderes constituidos, los derechos dejan de ser algo innato a la ciudadanía, y se desprecia a las libertades públicas organizadas de forma que se puedan ejercer dichos derechos en su máxima amplitud. En ese caso estamos en algo que puede parecer orgánica y formalmente un Estado de Derecho. Pero en la práctica es cualquier otra formulación encubierta. Es decir: un Estado de Alarma, de Excepción o de Guerra. O una dictadura.
Hoy, en Europa, vivimos una violación soterrada, pero sistemática y permanente, del Estado de Derecho. Padecemos decisiones de aprendices de brujo, haciendo oídos sordos a sus técnicos de salud pública, que impiden saber cuándo, cómo y con qué razones objetivas, se puede ordenar la suspensión o la clausura, total o parcial, de cualquier actividad o negocio. Sin opciones para refrenar los excesos regulatorios. Una forma de aplicar el arte de gobernar que pone del revés el concepto de derecho natural y que aplica el principio de culpabilidad colectiva: los jóvenes, los no vacunados, la hostelería, los comercios y, si nada de eso funciona, la población en su conjunto.
Todo colectivo susceptible de poder ser culpabilizado de los rebrotes conlleva el inmediato bloqueo para la vida pública de dichos colectivos. No buscan proteger nuestra salud; buscan salvar su real trasero. No miran por nuestro bien, ni se preocupan de que asumamos nuestra cuota de responsabilidad colectiva en el devenir de los acontecimientos; miran por su propio bien para no ser juzgados el día de mañana como alguien que nos dejó a nuestra propia merced. No buscan gobernar, ni mucho menos hacerlo como demócratas; buscan salvar los muebles, tras 21 meses dando bandazos sin haberse enterado, todavía, de por dónde amargan los pepinos.
Consternado por todo ello, decidí preguntar en una red social en qué fase de relación entre administrados y poderes públicos estamos. Ya sé que una red social no es precisamente el summum de la demoscopia, pero Pedro Sánchez y Carolina Darias han disfrazado en un sondeo de opinión a MIL ciudadanos (el 0,002% de la población), lo que no es más que vulgar felación a los caciques autonómicos, para dejarlos satisfechos con la magufada de la mascarilla obligatoria en exteriores. Así que digo yo que una encuesta de un mindundi como el que firma, que recoge más de 300 votos, lo mismo hasta tiene su punto de validez. Incluso vinculante, si nos ponemos.
Las respuestas dan una victoria arrolladora a la opción “dictadura camuflada”, con casi dos terceras partes de los votos (63%), seguida de la de “gobernantes incompetentes”, con un cuarto (25%), y de “guerra soterrada”, votada por uno de cada diez (10%). En todo caso, la opción “democracia 100% funcional” recoge un exiguo 2%. Está claro que algo falla. Para saber qué es lo que falla, echemos mano de los tratados internacionales de mayor celebridad, en cuyo espíritu y letra dicen basarse los ordenamientos jurídicos de Occidente y asimilados, como esta decrépita Europa sin rumbo ni timonel.
Por ejemplo: Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Su artículo 7 establece que “todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. En cualquier lectura que se quiera hacer de este artículo, incluso siendo muy retorcidos, medidas como los Pasaportes COVID (Green Pass), son una clara vulneración del derecho contemplado en este artículo.
Artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”. Las limitaciones al número de convivientes que pueden reunirse en un domicilio son injerencias, se mire por donde se mire; y en tanto en cuanto la cifra máxima varía en España según lo que determine cada Comunidad Autónoma, esa injerencia es absolutamente arbitraria, de las de la escuela “me chupo el dedo y a ver por dónde sopla”.
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. Artículo 6: “La Ley (…) debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar”. ¿Es obligatorio el COVID Pass en las cafeterías de las Cortes Valencianas, del Congreso o del Senado? No. Y además, porque así lo han votado sus señorías. ¿Es obligatorio el uso de mascarillas en los platós de televisión, a pesar de ser espacios interiores, y a pesar de estar poblados por “expertos” que a diario nos aleccionan con la necesidad de usarlas, aunque ni un solo estudio científico serio avala la validez de los mandatos? No. Señor juez, no hay más preguntas.
Artículo 10: “Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la Ley”. ¿No vacunarse “perturba” el orden público establecido por la Ley? Si es que sí, dígase cómo, con la ley en la mano. Si se es incapaz de decir, toda limitación de actividad en función de una decisión individual no obligada por ley es manifiestamente contraria a los principios de este artículo. Manda narices que esto lo firme un vacunado partidario de las vacunas.
Declaración de los Derechos de Virginia, 12 de junio de 1776, artículo 1: “Todos los hombres (…) tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran a estado de sociedad, no pueden, por ningún pacto, privar o despojar a su posteridad”. Para que lo entiendas, cacique: tú NO puedes privarme de mi derecho a estar con quien me dé la gana, donde, cuando y como me dé la gana, salvo que tengas constancia de la comisión de un delito, o de estar cumpliendo pena privativa de libertad por haberlo cometido. En todos los demás casos, en TODOS, quien está fuera de la ley eres tú.
Por último, una reflexión en torno al Código de ética médica de Núremberg, publicado el 20 de agosto de 1947, que aplica a tratamientos experimentales y que hoy forma parte del repertorio de argumentos de quienes se oponen a las vacunas COVID (y no me tengo entre ellos). Dejo al margen el debate sobre si son “experimentales” unas vacunas con una autorización para un uso de emergencia. Pero lo que sí es cierto es que si vacunado un 70%, un 80% o un 90% de la población seguimos viviendo en una distopía, solo hay dos motivos: uno, la fijación con los casos, y no con las evidencias de sobrecarga hospitalaria más allá de las habituales cada invierno hasta 2020; dos, con la obsesión por medir anticuerpos obviando los mecanismos de defensa celular ampliamente estudiados por la ciencia médica.
Tanto en uno como en otro caso, el empeño por terceras y cuartas dosis, o cuantas sean oportunas para que los gestores se limpien el trasero a costa de nuestros bolsillos (las vacunas no se pagan solas), sí supone desnaturalizar el concepto de “vacuna de emergencia”, pues es en realidad un tratamiento médico preventivo y periódico. No decirlo así es, efectivamente, incurrir de lleno en la violación de los principios establecidos en Núremberg. Dígase pues, abiertamente, para tratar este virus como un fenómeno endémico, y no ya pandémico. Pero no me hagan trampas al solitario, como ya lo están haciendo, anticipando que otros virus de transmisión respiratoria se han de abordar en el futuro como se ha abordado este: con mascarillas (que NO hacen nada), con restricciones (que tampoco hacen nada) o con autoritarismo (que ya no pueden ocultar).
Mientras no corrijan el rumbo, y ahonden en políticas que huyen de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, más profunda será la brecha generada, y mayores serán las consecuencias penales y jurídicas cuando deban responder ante la Justicia y ante la Historia. Que lo harán. De esto no les quepa, a ustedes ni a nadie, ni un segundo de duda. Claro que lo harán.
