La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ha confirmado que no dimitirá de su puesto en el Ayuntamiento de la localidad del sur de Madrid tras la condena por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada.
Según ha declarado en rueda de prensa, la regidora considera que la inhabilitación no es como alcaldesa, sino que únicamente afecta al ámbito mercantil y que «la sentencia no es firme, tenemos derecho al recurso y lo vamos a hacer«. Así, De Andrés considera la sentencia como «desproporcionada» y que «no se ajusta a la realidad de los hechos», ya que asegura que «el Ayuntamiento ha devuelto a la empresa municipal hasta el último céntimo».
Por último, y al ser preguntada por la confianza por sus socios en el consistorio, ha asegurado que «hay gobierno en Alcorcón hasta el año 2023».
La alcaldesa fue considerada responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa). Una causa que también salpica al exregidor socialista Enrique Cascallana y otras siete personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa en 2010, quienes han sido condenados a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada.
El juez ha condenado a De Andrés a la pérdida de «cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal contra la masa», así como a la «devolución a la masa de los bienes o derechos que pudiera haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiese recibido de la masa».
Durante la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, la actual regidora era edil de Urbanismo y formaba parte del Consejo de Administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda del municipios, que actualmente está en concurso de acreedores.
Según la fiscalía, la posterior situación de quiebra fue consecuencia directa de una gestión «culposa» en lo referente a la construcción de las distintas fases del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) y a las relaciones comerciales con Gesmansur respecto a la ejecución del Plan Municipal de Vivienda de Alcorcón.
En este sentido, el juez ha valorado como «culposa» la decisión de repartir dividendos (16,1 millones) y el traspaso a ‘reservas voluntarias’ del beneficio registrado de 19,4 millones, a sabiendas de que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos (114 millones de euros) de la construcción del CREAA.
El PP exige la «dimisión inmediata»
Ante los hechos, la secretaria general del Partido Popular de Madrid, Ana Camíns, exigió este martes la dimisión de la alcaldesa.
Camíns considera «una vergüenza que con esta sentencia Natalia de Andrés continúe al frente del Ayuntamiento de Alcorcón» y que «no puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes”. Asimismo, la secretaria general popular ha pedido explicaciones «urgentes» al socialista Juan Lobato ante, a quien exhorta a hablar porque «no puede seguir guardando silencio ante una sentencia de este calibre, a la que se suman a los escándalos en varios municipios del sur de Madrid».
En esa misma dirección, la portavoz del PP de Alcorcón, Ana Gómez, ha asegurado que los condenados «deberían irse ya, por decencia y respeto político, porque Alcorcón no se merece que esas personas estén cobrando de las arcas municipales». Ha recordado que, según la condena, De Andrés está inhabilitada por el plazo de cinco años para administrar bienes ajenos de titularidad pública y privada. «Hoy se aprueba un Presupuesto, que son bienes ajenos públicos, y con la sentencia en la mano Natalia de Andrés no puede representar a cualquier persona pública o privada».
En este sentido, el grupo popular ha presentado un pleno extraordinario para exigirle que presente su «inmediata dimisión», además del cese de personas que aparecen en la sentencia y que están actualmente como personal eventual.
