MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ha defendido sus denuncias contra la titular del Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid, a la que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado otorgarle amparo por lo que han entendido como «campaña de hostigamiento», tanto por parte de un particular como de esta asociación.
La asociación, que desconoce la resolución del CGPJ, hablan de «gravísimos hechos» que han sucedido y suceden en el Juzgado de Familia nº28 de Madrid, donde su magistrada titular pretende, «por una parte coartar el libre ejercicio de prensa e información precisamente de los medios de comunicación pretendiendo achacar a esta Asociación la gobernabilidad de dichos medios que nada tienen que ver con esta asociación».
También la acusan de «pretender impedir el libre ejercicio de esta Asociación de informar sobre los gravísimos hechos sucedidos en este Juzgado». En este sentido, han destacado que las denuncias y quejas contra esta magistrada «se están realizando no sólo desde esta Asociación, sino desde distintas asociaciones y personas afectadas por este Juzgado», haciendo alusión a una queja de 127 perjudicados y una queja presentada por 15 asociaciones.
Esta Asociación asegura que denunció en varias ocasiones en Fiscalía los «gravísimos hechos que se habían producido durante años en este Juzgado, aportando grabaciones de la Psicólogo del Juzgado y otras pruebas, pero debido al corporativismo existente en la Administración de Justicia, no se han querido investigar los hechos». «Esta Asociación continuará denunciándolos», apostillan.
En este sentido, han indicado que es «conocido por todo el mundo» que el CGPJ no sanciona a sus jueces «debido al corporativismo existente», y que tampoco prosperan las denuncias contra ellos. De hecho, han hecho mención a noticias relativas «a la inexistente función disciplinaria del CGPJ, donde en el último años no ha prosperado una sola denuncia puesta por los letrados contra jueces».
DECISIÓN DEL CGPJ
El órgano de gobierno de los jueces considera que «existe una auténtica campaña de hostigamiento contra la magistrada» con el objetivo de influir en el contenido de las resoluciones que debe dictar en los procedimientos en materia de familia en los que es parte el tesorero de la asociación y afirma que algunos de los comportamientos desarrollados por los miembros de ésta «rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable».
Entre los hechos que se consideran acreditados, la Permanente señala el reparto en la puerta del edificio donde tiene su sede el Juzgado de octavillas en las que se decía que la magistrada había falsificado más de 750 informes psicosociales y era una presunta prevaricadora.
Además, «se encuentra acreditado que la asociación ha desplegado una intensa campaña mediática con el objeto de desacreditar a la magistrada y de influir en sus resoluciones judiciales.
Tanto es así que se solicita por la asociación la inhabilitación y expulsión de la carrera judicial de la magistrada, «llegándola a acusar de hechos delictivos al afirmar que ha procedido a alterar, junto con otras personas, informes psicosociales de manera sistemática y continuada durante diez años para decidir custodias de niños».