El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó este jueves una proposición no de ley para reclamar al Gobierno regional que ponga en marcha el pacto regional sobre los menores extranjeros no acompañados.
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han votado a favor de esta iniciativa, PP y Ciudadanos se han abstenido y Vox se ha mostrado en contra, por lo que ha salido adelante.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), convocó a los grupos parlamentarios para impulsar el pacto sobre menores extranjeros no acompañados, pero decidió paralizarlo tras la negativa de Vox de sumarse al acuerdo.
Más Madrid en un principio se bajó del pacto antes de las elecciones generales de noviembre, pero luego decidió asistir a las reuniones como observador y no como participante.
Con esta iniciativa, los socialistas quieren que se impulse ese acuerdo y se desarrolle un plan autonómico para ampliar los centros de acogida para evitar el «hacinamiento» de los menores, incrementar del número de profesionales en cada centro y desarrollar programas que favorezcan la convivencia dentro de los centros y en el entorno donde se ubican.
También, incluye la implantación de recursos dirigidos a prevenir y atender adicciones, problemas de salud mental, así como atención psicológica a menores que hayan sido víctimas de trata, abusos sexuales y físicos, y cualquier otro malestar psicológico y emocional.
La diputada socialista Purificación Causapié ha defendido la necesidad de un pacto regional para estos menores «que no tienen la protección de sus familias» y buscan «un espacio y proyecto de vida en la Comunidad».
Causapié ha lamentado «los discursos del odio que la justicia está valorando si pueden ser constitutivos de delito», en alusión a la investigación de la Fiscalía de Sevilla contra la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por un presunto delito de odio en un acto electoral en un centro de menores inmigrantes.
Desde Ciudadanos, la diputada Carla Santiago, ha señalado que la protección de los menores migrantes que «huyen de la trata, el maltrato y la guerra» es «una cuestión de estado».
«Es una cuestión social puede tener menor una vida plena independiente, son adolescente muy vulnerables que necesitan hoja de ruta y tutelada para poder empezar una nueva vida», ha sostenido Santiago, que ha pedido no hacer «un uso partidista de la protección de la infancia».
Según la diputada de Ciudadanos, el Gobierno regional ya ha establecido las líneas de actuación, con un grupo de trabajo con los trabajadores de los centros de acogida de estos menores, que diseñará protocolos de actuación y de formación a profesionales para combatir la violencia contra la infancia.
Por parte del PP, la diputada María Navarro ha subrayado que los poderes públicos tiene que garantizar «el bien del menor», pero la Comunidad de Madrid solo recibió del Gobierno de la nación «1.500 euros».
«Estamos obligados a ejecutar el proceso de verdadera integración», ha remarcado Navarro, que ha agradecido el trabajo de los profesionales de estos centros que «cada día trabajan por los derechos de los menores pese a veces a ser agredidos».
El diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha afeado a Ciudadanos que se haya puesto «del lado opresor» al desconvocar el pacto sobre este asunto, y ha justificado su salida del mismo para no hacer «el paripé» con Vox.
«Nos parecía bochornoso y repugnante», ha indicado Delgado, al tiempo que ha recordado que su grupo acudió al Defensor del Pueblo a denunciar las afirmaciones de Vox sobre estos menores.
Más Madrid no ve «con claridad» un acuerdo con Vox en esta materia, por lo que ha emplazado a Reyero que sería preferible que negociara «a varias bandas».
La diputada de Unidas Podemos Paloma García ha apuntado que los delitos de odio han crecido en la Comunidad un 30 % y el 75 % los de racismo y xenofobia, alimentado, según la parlamentaria, por los partidos políticos.
García, que ha criticado que PP y Ciudadanos no actúen contra los «discursos del odio sin escrúpulos de los ultras», ha pedido al Gobierno regional que la Comunidad «deje de hacer oídos sordos a la sobreocupación» de los centros» y trabaje por que «todos los niños tengan las mismas oportunidades».
El parlamentario de Vox Ignacio Arias ha calificado a la iniciativa como «un ‘totum revolutum’ que «encierra la idea de justificar la creación de una nueva comisión», al tiempo que ha negado que su partido abandonara el pacto de los menores extranjeros no acompañados.
Arias se ha cuestionado si los centros tienes planes de actuación para estos adolescentes, que tienen, ha dicho, «un perfil especial», y ante el «imprevisible aumento» de la llegada de estos niños en los últimos años.
